A días de la entrega formal del Presupuesto Nacional ante el Congreso, Infobae analiza la ejecución presupuestaria vigente y las proyecciones macro relevadas por el REM del Banco Central para 2027.
El Gobierno mantiene como eje la reducción del desequilibrio fiscal y la continuidad de la acción social, priorizando jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Al mismo tiempo, plantea recortes en subsidios a empresas y particulares y un refuerzo de inversiones para obras de infraestructura y educación mediante traslados a universidades y provincias.
Entre las decisiones impositivas, se contempla la eliminación o reducción de gravámenes distorsivos (derechos de exportación, Débitos y Créditos Bancarios, impuestos internos) y una baja de las contribuciones patronales sobre la nómina para nuevas contrataciones netas, vigentes hasta mayo de 2027 bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Al 1 de septiembre de 2026, se habían cumplido 244 días de un año calendario, y la ejecución teórica se situaba en 66.9%. Los gastos devengados de la Administración Central sumaban 101.5 billones de pesos frente a un crédito vigente de 150.1 billones, lo que representa una ejecución del 67.6%.
Sin embargo, ese agregado esconde diferencias entre jurisdicciones: algunas áreas muestran un peso mayor en la proyección para el 2027, mientras otras presentan menor margen de recuperación.
El Ministerio de Capital Humano, que concentra las prestaciones previsionales, las asignaciones familiares y los programas vinculados al PAMI, devengó 60.2 billones, equivalente al 69.5% de su crédito vigente para todo el año, 2.6 puntos porcentuales por encima del ritmo teórico. Dado que estas partidas ya transitan adelantadas y, según el consenso privado, la inflación acumulada entre septiembre de 2026 y diciembre de 2027 podría ubicarse entre 28% y 33%, la actualización mensual de jubilaciones y asignaciones apuntaría a sostener el poder de compra. En otras palabras, la partida social buscaría cerrar el año con un crédito que no solo compense la inflación, sino que preserve el peso relativo que ya muestra en la ejecución actual.
En este contexto, el desarrollo de la deuda pública y su gestión siguen siendo componentes claves para el armado del Presupuesto 2027, con una lectura que anticipa la prioridad de equilibrio fiscal junto a un refuerzo de las políticas sociales y de inversión productiva.