La Armada Argentina separó de sus funciones a diez militares vinculados a presuntas irregularidades en el sistema de liquidación de sueldos y puso en marcha una instrucción disciplinaria que podría desembocar en la destitución de quienes resulten responsables. La decisión fue tomada por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, y se da en paralelo a la investigación de la Justicia Federal sobre 645 acreditaciones indebidas, cuyo monto acumulado alcanza la cifra histórica de 981.148.567,88 pesos.
Fuentes oficiales de la Armada confirmaron a Infobae que, hasta ahora, el universo de beneficiarios está compuesto por 23 personas: diez militares y trece civiles o individuos ajenos a la fuerza. Todo el personal militar involucrado quedó separado de sus funciones desde el 16 de septiembre y quedó sujeto a un procedimiento disciplinario interno, cuyo cierre se produjo la noche anterior.
La aclaración también corrige un dato previo y señala que no serían nueve, sino diez los efectivos apartados. Además, delimita el alcance de las medidas: la Armada aún no aplicó destitución automática y, dentro de la falta gravísima señalada, la expulsión de la fuerza aparece como la sanción máxima posible.
Dentro de la Armada se evalúa la posibilidad de destituciones, pero cada caso será analizado de forma individual y con pleno derecho a defensa para los involucrados. Ya fue designado un abogado militar para dirigir la instrucción, y conforme avance el proceso se irán definiendo las autoridades encargadas de analizar las pruebas, recibir descargos y resolver las responsabilidades disciplinarias.
La decisión cuenta con una instrucción expresa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien intervino tras tomar conocimiento de la dimensión de la investigación interna y de que la Armada reunió los elementos que luego fueron remitidos a la Justicia.
Presti se refirió públicamente al caso, buscando separar la conducta de los investigados del conjunto de la institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó, y añadió que había impartido a Romay la orden de avanzar con un Consejo de Disciplina para, desde la perspectiva militar, pasar ya a la destitución cuando corresponda.
La postura del ministro marca la orientación política con la que Defensa aborda el tema, aunque el resultado formal dependerá del camino del proceso disciplinario. En la Armada subrayan que primero debe completarse la instrucción, analizarse la conducta de cada integrante y garantizarse el derecho de defensa; la destitución figura entre las posibles sanciones, aunque no es automática.