A pocas horas de presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2027, que propone eliminar los puntos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en la Cámara de Diputados se abrió un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para analizar la prórroga de la emergencia.
La llegada del Presupuesto cambió el escenario: hasta ese momento se debatía si se avanzaba con la prórroga o si el oficialismo presentaba un proyecto propio en el que venía trabajando. Sin embargo, la sesión comenzó con un pedido de la oposición para eliminar el Capítulo 6, que disuelve el sistema de protección de las personas con discapacidad.
“Este presupuesto genera un nuevo contexto; el Ejecutivo propone derribar la ley de emergencia y desmantelar el conjunto de derechos. Teníamos la intención de emitir un dictamen unánime y esto lo desarma. Lo que enviaron busca destruir el sistema nacional, por eso rechazamos enfáticamente el Capítulo 6 y pedimos su retirada”, afirmó el diputado Juan Marino, impulsor de la solicitud.
La forma en que el Gobierno definió los fondos para discapacidad sorprendió al bloque oficialista y a sus socios, evidenciando una falta de fluidez y desconexión entre la Casa Rosada y el Palacio Legislativo.
Las diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado habían estado trabajando en un proyecto sobre discapacidad que, aseguraban, proponía superar el marco vigente. “Ahora habrá que ver cómo seguimos”, dijo un legislador libertario al tanto de esa iniciativa. “Hoy nos levantamos con todo incendiado”, añadió.
Giudici pidió la palabra y, en una escena poco habitual, vaciló al afirmar que mantiene la convicción de buscar un dictamen superador que elimine el estigma de la emergencia. A la vez, señaló que la propuesta libertaria se opone a lo que propone el presidente Javier Milei. “Existen poderes separados; creemos que el Congreso tiene tiempo para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, explicó la diputada.
En este marco, pasaron más de 20 expositores de distintas organizaciones ligadas a las personas con discapacidad. Uno a uno señalaron que el Gobierno incumple pagos a proveedores y dificulta el avance de expedientes. “No tiene sentido que la ley de Presupuesto venga a borrar la ley que hoy estamos discutiendo”, repetían varias intervenciones.
Entre las intervenciones, destacó Pablo Molero, sacerdote y coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Afirmó que “el Gobierno está destruyendo todo” y sostuvo que, según su lectura, la Emergencia en Discapacidad no se está cumpliendo. Además, criticó la práctica de pagar a 90 días o, en otros casos, a 60 días, señalando que implica retrasar recursos destinados a la gente.