La Fundición San Cayetano, ubicada en una planta de 45.000 metros cuadrados en Burzaco, ingresó en concurso preventivo mediante una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Nicolás Raggio. Según estimaciones del sector, la firma emplea alrededor de 260 personas.
La medida da inicio a un proceso judicial orientado a que la histórica metalúrgica organice sus pasivos y presente ante los acreedores una visión clara de su situación patrimonial. La empresa explicó que la decisión de sometimiento al concurso responde a un intento de reordenar su pasivo financiero.
En un comunicado oficial, Fundición San Cayetano afirmó operar “con absoluta normalidad y sin alteraciones en su actividad productiva y comercial”. Añadió que informó a su personal, a la representación gremial, a clientes y a proveedores sobre la presentación judicial.
La firma indicó que la planta mantiene una carga de trabajo y un volumen de producción suficientes para cubrir sus gastos operativos. Además, aseguró que no se producirán despidos como consecuencia de este procedimiento.
La dotación de la empresa se situaba en 260 empleados, según datos internos de la firma y de fuentes del sector. En otros tiempos, la planta llegó a emplear unas 600 personas, cifra que fue recortada en la respuesta a la crisis financiera internacional de 2008.
La producción de San Cayetano está mayormente destinada a mercados externos: aproximadamente 80% de su output se exporta a Estados Unidos, Brasil, Chile y varios países de Europa. Su actividad exportadora enfrenta márgenes reducidos y está sujeta a la volatilidad del tipo de cambio y a las tasas de interés, factores que complican un ciclo productivo con plazos prolongados y una estructura financiera elevada en apalancamiento. Estas condiciones difieren de las fundiciones que operan principalmente en el mercado interno.
Directivos de la empresa explicaron a Infobae que, si bien no se observan problemas de actividad, sí se presentan presiones financieras derivadas del encarecimiento del financiamiento. Aun así, afirmaron que no hay riesgo de cierre o quiebra y remarcaron el respaldo de proveedores, clientes y su propio personal, confiando en que el concurso “saneará” la situación para seguir trabajando como en los últimos 70 años.
El tribunal estableció el 15 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El cronograma judicial también fijó el 15 de febrero de 2027 para la entrega del informe individual y el 15 de marzo de 2027 para el informe general sobre el patrimonio de la empresa.