La causa por daño ambiental y por vulneración de la soberanía argentina respecto del petróleo en las Islas Malvinas pasará a tramitarse en el fuero federal, luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones a empresas extranjeras involucradas en la explotación del recurso. En ese marco, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego tomó intervención para hacerse cargo de la situación.
En este marco, la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras extranjeras que están asociadas en el emprendimiento Sea Lion. Se trata de una sociedad entre Navitas Petroleum, con sede en Israel, y Rockhopper Exploration, de Reino Unido, que planea perforar y extraer petróleo en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, en la plataforma continental argentina.
La demanda fue presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitan la suspensión de las actividades del proyecto. Entre los argumentos, sostienen que las etapas logísticas y de construcción se realizaron con licencias emitidas de manera unilateral por el Reino Unido, por lo que aducen la ausencia de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y la falta del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.
Además de asumir la competencia, la magistrada ordenó incorporar a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al proceso. Consideró que el área afectada está dentro de la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino tiene atribuciones sobre recursos naturales y regulación ambiental. En esa línea, la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer su representación en defensa del patrimonio y del medio ambiente de la provincia, mientras que las partes deben informar en cinco días si ya iniciaron procesos con el mismo objeto en otros tribunales.
Asimismo, las organizaciones deben traducir al español los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital toda la documentación para evaluar las medidas cautelares solicitadas.
La resolución coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con la intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el posible impacto ambiental excede la competencia local por la vinculación oceánica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y de las Islas del Atlántico Sur.
Entre los elementos del proyecto Sea Lion se contemplan infraestructuras offshore, incluyendo instalaciones de pozos submarinos y una unidad flotante, entre otros componentes, según consta en las actuaciones.