El diputado nacional Carlos Castagneto, de Fuerza Patria, cuestionó el proyecto para erigir una base militar en Ushuaia y dejó claro que no apoyarán la iniciativa si el control queda en manos de un país distinto a Argentina. En la entrevista, indicó que la discusión debe ir más allá de la aprobación o el rechazo, y que es imprescindible conocer con precisión las condiciones de construcción y operación, incluyendo el origen del financiamiento, la participación de trabajadores argentinos y el marco operativo para las próximas dos décadas.
El legislador aclaró que no está en contra de forma general de la propuesta y que podría acompañarla si esas condiciones se garantizan. En ese caso, consideraría favorable la medida; no se trata de una postura automática de oposición frente a todo lo que venga del Gobierno.
La conversación también tocó la política argentina respecto de las Islas Malvinas. Castagneto cuestionó actividades de empresas vinculadas a hidrocarburos y pesca en áreas cercanas al archipiélago y recordó la existencia de sanciones previstas por la legislación nacional. Señaló que una empresa habilitada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) estaría operando en la zona de exclusión, y mencionó que Caputo autorizó esa operación.
Sobre la soberanía, evaluó que la posición oficial no se defendió de manera contundente en organismos internacionales, y afirmó que, a su entender, la defensa de Malvinas no se presentó con la celeridad necesaria.
En otro tramo de la charla, Castagneto presentó su proyecto de ley para crear un sistema de promoción y financiamiento del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de alto rendimiento con aportes privados. La iniciativa propone que las empresas que realizan aportes deducibles del Impuesto a las Ganancias a clubes y asociaciones civiles destinen un 20% de esos recursos al deporte inclusivo y adaptado. El diputado afirmó que la idea busca aprovechar esquemas de responsabilidad social empresarial ya existentes, logrando que una quinta parte de esas contribuciones vaya al deporte inclusivo y adaptado.
Aseguró que este mecanismo no implicaría gasto adicional para el Estado, consolidando uno de los pilares de la propuesta: costo cero para el erario. El proyecto también define requisitos para las entidades que accedan a esos fondos, a las que se les exigirán ciertos criterios para poder recibirlos.