En un plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el tratamiento de la nueva Ley de Biocombustibles avanzó, aunque por ahora no obtuvo dictamen. El encuentro estuvo encabezado por Facundo Correa Llano, titular de la bancada, quien señaló que “seguimos avanzando” en las deliberaciones.

Aún con la media sanción del Senado, la negociación entre legisladores bonaerenses de Unión por la Patria y del PRO continúa estancada. Las discusiones se concentran en la participación de las grandes empresas integradas, ligadas a la exportación, frente a un mercado interno que hoy prioriza a las pymes del sector.

Participó del debate Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos, quien defendió el objetivo del proyecto y pidió avanzar hacia su sanción definitiva. En su exposición, cuestionó la Ley 27.640, vigente, argumentando que su marco actual desincentiva inversiones y limita el desarrollo de la industria. Según indicó, el esquema vigente concede al Estado facultades discrecionales para definir cupos, precios y porcentajes de mezcla, lo que genera incertidumbre en las empresas.

La reforma planteada busca establecer reglas más previsibles, fomentar la competencia y facilitar la entrada de nuevos actores. Entre sus cambios, se destaca elevar el corte obligatorio de biodiésel al 10%, en contraste con el mínimo que hoy registra la industria, y permitir mezclas superiores.

Uno de los ejes centrales es la eliminación de cupos y la apertura del mercado interno a las empresas exportadoras. En el caso del bioetanol, el esquema ya quedó definido: se propone subir el corte de las naftas del 12% al 15%, con una distribución del 6% para bioetanol de caña de azúcar, otro 6% para el producido con maíz y un 3% de libre competencia.

La principal discusión restante se mantiene en el biodiésel, donde persiste el debate sobre la participación de las firmas integradas en el mercado interno, actualmente favorecido por las pymes. El Senado prevé un periodo de transición de diez años para avanzar hacia un marco de mayor competencia.

Entre las voces que amplían el debate, Victoria Tolosa Paz planteó subir el corte obligatorio a 12,5% para favorecer la participación de las pymes. Aunque el Ejecutivo admite que no comparte todos los cambios adoptados por el Senado, Veller sostuvo que el Gobierno está dispuesto a acompañar el texto aprobado para alcanzar consensos. No obstante, advirtió sobre posibles modificaciones: afirmó que no hay espacio para nuevos cambios y que la transición debe ser acotada para no desvirtuar el espíritu del proyecto.

En ese marco, varios diputados dieron respaldo a la iniciativa, mientras persisten las diferencias que dificultan la emisión de un dictamen definitivo.