Un informe de Digi Americas al que accedió Infobae ubica la ciberseguridad como uno de los ejes centrales de la transformación digital en la región. La mayor frecuencia y sofisticación de los ataques avanza a la par de la expansión de servicios virtuales, la modernización de la gestión pública y la adopción de soluciones en la nube y de inteligencia artificial.
La situación combina riesgos y oportunidades. Aún existen diferencias relevantes entre países en conectividad, infraestructura, regulación y formación de especialistas. Sin embargo, buena parte de los ecosistemas digitales latinoamericanos está en pleno crecimiento, lo que facilita incorporar desde el inicio herramientas de seguridad, sistemas interoperables y planes de respuesta ante incidentes.
El informe advierte que solo 7 de los 32 países de América Latina cuentan con marcos regulatorios para proteger sus servicios esenciales. Además, apenas 20 han constituido Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT).
La brecha entre la cantidad de ataques y las capacidades de respuesta representa una de las principales vulnerabilidades de la región. Un incidente informático no se limita a una computadora bloqueada: puede retrasar pagos, frenar trámites, afectar comunicaciones, impactar la atención sanitaria o generar problemas en sectores energéticos y comerciales. Por eso, la protección de la infraestructura crítica pasó a ser una prioridad para los gobiernos.
Entre las amenazas presentes figuran ransomware, filtraciones de datos, fraudes digitales y actividad patrocinada por Estados, que afectan tanto al sector público como al privado. El análisis indica que estos riesgos ganan frecuencia y complejidad, y que hay una demanda creciente de infraestructura segura, capacidades técnicas y alianzas confiables.
Dos antecedentes recientes permiten dimensionar su impacto. El caso de Costa Rica evidenció hasta qué punto puede escalar una intrusión contra sistemas públicos. El ataque de ransomware de 2022 afectó organismos estatales y obligó a suspender o limitar plataformas vinculadas con impuestos, aduanas y otros trámites. Este tipo de ataques bloquea o cifra sistemas y archivos para exigir un pago y evitar la difusión de datos robados, lo que llevó al país a declarar una emergencia nacional. El 17 de abril de 2022, Costa Rica sufrió un ataque digital que afectó el corazón de su administración pública, aparentemente asociado al grupo Conti, y demostró la magnitud del riesgo para la gestión estatal.
En Argentina, como en otros países de la región, la continuidad de la expansión digital se da en un marco de amenazas crecientes, lo que subraya la necesidad de fortalecer marcos normativos, capacidades de respuesta y alianzas estratégicas para proteger servicios críticos. Argentina no se halla exenta de estos desafíos.