El canciller Pablo Quirno sostuvo que el objetivo central del Gobierno respecto de las islas Malvinas es evitar que se inicien operaciones de hidrocarburos en el archipiélago. Afirmó que la estrategia oficial fusiona sanciones, presión diplomática y un fortalecimiento de las capacidades del Estado para impedir que, en los próximos meses, avance un proyecto que Argentina considera contrario a resoluciones de las Naciones Unidas.
En diálogo con La Nación+, el ministro vinculó la puesta en marcha de esa línea de acción a un hito concreto: la decisión final de inversión anunciada en diciembre por las empresas Navitas y RockHopper. A partir de ese momento, se enviaron notas de protesta tanto a las compañías como a los embajadores de Israel y del Reino Unido.
“Estamos aumentando las penas, pero sobre todo ampliando el espectro de empresas a sancionar”, señaló Quirno. El eje de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei se apoya en cambios a la ley 26.659, sancionada en 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
El ministro ubicó la decisión en una visión más amplia de la gestión: “Esta es una estrategia combinada”, indicó, al defender la reasignación de partidas para una base naval en Ushuaia y el rol que asumirá la Cancillería en los expedientes sancionatorios.
Consultado sobre si el objetivo final es forzar una negociación política más amplia, Quirno respondió que lo primero es evitar la explotación hidrocarburífera en Malvinas. Advirtió, asimismo, que la ventana temporal para actuar es corta y podría abrirse en los próximos meses, con el objetivo de impedir que esas actividades se concreten.
El canciller enfatizó que el plan no es improvisado: es resultado de meses de trabajo de todo el equipo de Gobierno. Explicó además que la lógica sancionatoria cambió respecto a la vigencia de la ley 26.659, que en su momento limitaba el efecto de castigar a una empresa para que abandonara el mercado argentino sin costos relevantes. Ahora, con la influencia de Vaca Muerta, Argentina cuenta con una herramienta de presión que no existía cuando se sancionó esa normativa.
Con esa nueva posición, el Gobierno busca extender las sanciones a actores que antes quedaban fuera del radar principal. Quirno mencionó explícitamente a los servicios petroleros, financieros y de seguros, además de otros proveedores que podrían verse forzados a elegir entre operar en la Argentina o vincularse a licencias que el Ejecutivo considera ilegales.