La Cámara de Diputados dio un paso en la revisión de iniciativas vinculadas al endeudamiento de hogares y empresas, después de que la oposición lograra emplazar a las comisiones de Defensa del Consumidor y de Finanzas para iniciar el análisis de más de cincuenta expedientes y definir cuál será el despacho que llevará al recinto para su votación.
El diputado Sebastián Galmarini afirmó en Infobae al Regreso que el tema no admite más demoras y que el Gobierno, hasta hace poco, negaba su existencia. “Hoy se decidió emplazar a las comisiones para decidir cuál será el texto que vamos a enviar al recinto y obtener media sanción”, detalló.
En su lectura, los niveles de morosidad muestran un deterioro que impacta a distintos sectores. Señaló que la irregularidad alcanza cerca del 12% en las familias dentro del sistema bancario, alrededor de 3,5% en las empresas y supera el 33% en el universo de fintech. En ese marco, advirtió sobre el recorrido que puede hacer una persona si pierde acceso al crédito tradicional: al no poder cumplir con el banco, tiende a recurrir a una fintech, que opera con un scoring distinto.
Según explicó, las fintech evalúan variables diferentes a las de los bancos y pueden otorgar financiamiento a personas que quedaron fuera del sistema formal. “Básicamente, la fintech scorea por el nivel de consumo, sin mirar necesariamente el ingreso formal o el recibo de sueldo”, afirmó.
El riesgo, advirtió, aparece cuando ese circuito desemboca en crédito informal. “El final de esa rueda puede terminar en manos de prestamistas barriales que cobran tasas altísimas y ejercen presión para cobrar”, expresó, y cuestionó las explicaciones que reducen el endeudamiento a gastos considerados innecesarios.
Para Galmarini, lo central es que una porción importante de las familias se endeuda para cubrir gastos diarios. Citó que el 73% de los endeudados destina esos recursos a alimentos y servicios, y señaló que hay asalariados con ingresos promedio de 1,3 millones que acumulan deudas de unos 500.000 y no pueden afrontarlas. “Están frente a un resultado en el que un salario promedio de 1,3 millones tiene una deuda media de 500.000 y no llega a pagarlas”, indicó.
La morosidad, agregó, puede bloquear el acceso a todo el sistema financiero: cuando una tarjeta aparece irregular, esa irregularidad se extiende a otros créditos; y quedar registrado como deudor en el Veraz o en el NOSIS dificulta volver a pedir crédito. El diputado sostuvo la necesidad de una política orientada a regularizar obligaciones sin, sin embargo, condonarlas generalizadamente. “No es un salvataje; hay que buscar una solución responsable que alivie a las familias sin entregar un perdón general”, concluyó.