La causa relacionada con daños ambientales y vulneración de la soberanía en las Islas Malvinas pasará a la órbita federal, conforme al anuncio del presidente Javier Milei sobre sanciones a empresas extranjeras que exploten petróleo en el archipiélago sin respetar la soberanía argentina. En ese marco, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego tomará intervención formal en el hecho.
La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva impuesta contra las dos empresas extranjeras vinculadas al proyecto Sea Lion. Fuentes consultadas por Infobae indicaron que se trata de un yacimiento offshore fruto de una asociación entre la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Estas compañías planean perforar y extraer petróleo en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, dentro de la plataforma continental argentina.
La presentación fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ambas entidades solicitaron la suspensión de las operaciones vinculadas al proyecto hidrocarburífero.
Entre los argumentos, las organizaciones sostienen que las etapas logísticas y de construcción se realizaron con licencias emitidas de forma unilateral por el Reino Unido. Por ese motivo, cuestionan que el proyecto carezca de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.
Además de declarar la competencia, Borruto ordenó la participación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Consideró que el área del emprendimiento se halla bajo jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino tiene atribuciones sobre recursos naturales y regulación ambiental.
La resolución dispuso que la Fiscalía de Estado provincial tenga diez días para ejercer la representación en defensa del patrimonio y del ambiente estatal. También reclamó a los demandantes informar, en un plazo de cinco días, si iniciaron procesos de igual objeto en otros tribunales.
En la misma línea, las organizaciones deben traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para evaluar las medidas cautelares solicitadas.
La decisión judicial coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, bajo la responsabilidad del fiscal Marcelo Rapoport y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el posible impacto ambiental excede la jurisdicción local, debido a la conexión oceánica entre las aguas del Atlántico Sur y las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.
El proyecto Sea Lion contempla, según la información disponible, una infraestructura que incluye pozos submarinos y una unidad flotante de...