El Ministerio de Justicia publicó la Resolución 434/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, que crea un programa destinado a fortalecer la asistencia técnica y operativa para el uso de pulseras y tobilleras electrónicas. La medida, difundida en el Boletín Oficial, apunta a mejorar la implementación de estas tecnologías en casos de condenados en prisión domiciliaria y de otros acusados con limitaciones a la libertad ambulatoria, con especial énfasis en quienes no pasaron por una cárcel o alcaidía.
La iniciativa fue presentada como una respuesta a las solicitudes de jueces y fiscales de todo el país, y su objetivo es facilitar la aplicación de mecanismos de monitoreo cuando corresponde mantener al acusado sujeto a medidas coercitivas durante el proceso o cuando se trate de cumplir penas o restricciones de libertad fuera de establecimientos penitenciarios. Además, la resolución destaca que la expansión del modelo acusatorio, predominante en gran parte del país, incrementó la utilización de medidas alternativas a la prisión durante los juicios penales.
Un punto relevante de la norma es su extensión al Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia esta semana a nivel nacional con excepción de la Provincia de Buenos Aires, donde la implementación fue suspendida por 60 días tras un habeas corpus colectivo dictado por la jueza Marta Pascual.
El programa, denominado oficialmente como el Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria, funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia. Su alcance incluye la asistencia tecnológica para el Poder Judicial en casos de supervisión electrónica de personas que presentan restricciones a la libertad.
La ejecución de cada caso requerirá una orden judicial y una evaluación previa de la situación personal y domiciliaria del imputado, verificando que cumpla con los requisitos del programa. En lo que respecta a delitos federales, su aplicación es acotada.
Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP) correspondientes a 2024, de un total de 12.643 personas bajo prisión domiciliaria, 6.917 (54,71%) estaban bajo monitoreo electrónico.
La responsabilidad de la vigilancia técnica quedará a cargo de una empresa; las fuentes cercanas a Mahiques señalaron que, en la actualidad, la única firma habilitada para brindar ese servicio es Surely SA.