El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, afirmó que la meta del Gobierno argentino respecto de las islas Malvinas es impedir que se inicie la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. El plan combina medidas punitivas, presión en el plano diplomático y un reforzamiento de capacidades del Estado para evitar, en los próximos meses, un proyecto que Argentina considera contrario a resoluciones de las Naciones Unidas.

Quirno vinculó la estrategia a un hecho concreto: el giro se aceleró luego de que las petroleras Navitas y RockHopper anunciaron en diciembre su decisión final de inversión. A partir de ese momento, desde la Cancillería se emitieron notas de protesta tanto a las compañías como a los embajadores de Israel y del Reino Unido.

“Estamos incrementando las penas y, sobre todo, ampliando el conjunto de empresas sujeto a sanciones”, indicó el canciller. Las medidas, definidas por el presidente Javier Milei la semana pasada, se enmarcan en modificaciones a la ley 26.659, sancionada en 2011 y que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

Quirno situó estas acciones dentro de una visión más amplia de la gestión, al mencionar la reasignación de partidas para una base naval en Ushuaia y el protagonismo de la Cancillería en la formulación y ejecución de expedientes sancionatorios.

Cuando se le preguntó si el objetivo último era forjar una negociación política más amplia, el ministro respondió que el objetivo inmediato es evitar la explotación hidrocarburífera en Malvinas. Advirtió, asimismo, que la ventana de tiempo para actuar es corta y que la intención oficial es impedir que se lleven a cabo las actividades.

El canciller subrayó que no se trata de una movida improvisada: es el resultado de meses de trabajo de todo el equipo de Gobierno. También explicó que, con la actualización de la batería de sanciones, la Argentina ya no está limitada por la lógica anterior de la ley 26.659, ya que hoy la existencia de Vaca Muerta incentiva la inversión y da herramientas de presión que no existían al momento de su sanción.

De este modo, el Gobierno busca ampliar el radio de las sanciones a actores que anteriormente quedaban fuera de la atención principal, mencionando de forma explícita a servicios petroleros, entidades financieras y aseguradoras, así como otros proveedores que podrían decidir entre operar en el país o vincularse con licencias consideradas ilegales.