El Gobierno argentino liderado por Milei amplió las denuncias penales por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y elevó la lista de personas vinculadas a los proyectos petroleros. En la nueva tanda de escritos, el patrocinio recae sobre Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, mientras que la pesquisa se profundiza respecto de Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio. Una de las denuncias amplía la causa CFP 4437/2026, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, para incorporar nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto Sea Lion.
Esta iniciativa forma parte de la continuación de una ofensiva administrativa y judicial que se inició a comienzos de septiembre. En esa ocasión, el Gobierno dispuso sanciones contra 45 personas y compañías vinculadas a las operaciones petroleras en Malvinas; posteriormente añadió 15 sujetos más, de modo que el universo administrativo alcanzó 60 personas físicas y jurídicas.
Paralelamente, se presentó una primera denuncia penal contra sociedades relacionadas con Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por las operaciones asociadas a Sea Lion. Más adelante, llegó una nueva tanda de acciones contra empresas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum.
Entre los nombres ya conocidos por Infobae figuran varios empresarios vinculados a Eco Atlantic, como Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, y David Harry Williamson Dobson, ligado a Borders & Southern. Los documentos judiciales ahora permiten avanzar un paso más: los seis integrantes de Eco Atlantic aparecen identificados de forma individual en la ampliación de la causa penal, y Dobson figura en el escrito correspondiente a Borders & Southern. Además, la nueva documentación incorpora a otros ejecutivos con funciones financieras, jurídicas, técnicas, operativas y de liderazgo, que hasta ahora no figuraban en las nóminas administrativas difundidas.
En total, los escritos identifican a 27 personas físicas. Al cruzar esos nombres con los 60 sujetos de las dos tandas administrativas, 16 no estaban en las listas previamente difundidas. La diferencia subraya un giro sustancial: la nueva etapa ya no se limita a sanciones administrativas, sino que avanza hacia imputaciones penales más amplias vinculadas a las compañías petroleras en las Islas Malvinas y al marco Sea Lion.