La Cámara de Diputados aprobó un llamado a las comisiones para avanzar en dos proyectos: uno sobre discapacidad y otro sobre morosidad. La votación arrojó 249 apoyos, 1 voto en contra y ninguna abstención, y estableció un calendario de debates.

Según informó Pablo Juliano, diputado por Provincias Unidas, las sesiones de discapacidad quedaron fijadas para el 16 y 23 de septiembre, mientras que morosidad se debatirá el 29 de septiembre. Juliano afirmó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de ampliar el respaldo parlamentario, y señaló que no querían mostrar un apoyo que supere los 133 votos en una propuesta previa.

El diputado remarcó que el quórum se alcanzó con 135 legisladores presentes, entonces La Libertad Avanza se mantuvo de pie en el recinto. Para él, el Gobierno consideró necesario no quedar fuera de una sesión centrada en temas que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.

El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. En cuanto a discapacidad, las deliberaciones serán el 16 y 23 de septiembre; sobre morosidad, el 29 de septiembre. Juliano indicó que el debate sobre morosidad había tenido demoras y que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión, obteniendo 133 votos entonces, lo que facilitó convocar la reunión que fijó el nuevo cronograma.

El diputado cuestionó la postura inicial del oficialismo respecto al quórum y relató que: funcionarios oficiales contactaron a su espacio para avisar que asistirían, mientras que La Libertad Avanza evaluaba internamente quiénes irían al recinto.

Según su lectura, el respaldo de bloques provinciales fue clave para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento, y advirtió que las tensiones financieras se expresan de manera distinta en cada región del país.

Juliano aseguró que el Congreso debe buscar una respuesta para la morosidad sin afectar el acceso al crédito y propondría una solución que combine refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos. También señaló que la Comisión de Presupuesto podría demorar el debate y propuso excluirla para evitar impactos fiscales y acelerar el dictamen, sugiriendo revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja, con planes de refinanciación y programas para trabajadores del sector.