El ex empleado Alejandro Actis, conocido en los pasillos del Senado por ostentar numerosos anillos y apodado por terceros, ya había sido separado de su cargo luego de haber simulado ser el senador kirchnerista Marcelo Fuentes para gestionar favores. Ahora, Infobae reconstruyó un expediente aún más extenso: Actis habría traicionado la confianza de una persona con discapacidad para tramitar un préstamo cercano a los 4 millones de pesos e incluso intentó hacerse pasar por Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial, con el objetivo de obtener la categoría A-1, la más alta del Congreso.
Desde la Cámara alta detallaron que Actis circulaba con cierta familiaridad entre distintos despachos y, en algún momento, pasó de ocupar puestos de seguridad a funciones de menor jerarquía, como una eventual renuncia de destino que lo llevó a ocupar un puesto de limpieza y cafetería en turnos matutinos, describiendo una conducta que parecía afable pero que ocultaba maniobras de mayor peso.
La secuencia de hechos habría comenzado con una interacción entre Actis y varios colegas, hasta que ideó un plan para sobornar o engañar a una persona con discapacidad, amparada por la Ley 22.431 de protección, para apoderarse de su teléfono y, mediante la app del Banco Nación, activar un crédito por 3.900.000 pesos. Los fondos terminaron transferidos a una cuenta personal y, con el tiempo, la deuda ascendió a casi 5 millones de pesos, sumando intereses y las respuestas a la víctima y a la Justicia.
Además de este episodio, la ambición descontrolada de Actis habría impulsado una maniobra para lograr beneficios institucionales: contactó al secretario administrativo de turno, Emilio Viramonte Olmos —quien ocupó ese cargo apenas 15 días— para solicitar la categoría A-1, actuando supuestamente en nombre de Menem, subsecretario de Gestión Institucional y figura cercana a Karina Milei, conocido por su vinculación previa con la “Casa” antes de su llegada a Balcarce 50.
El desenlace definitivo llegó cuando Fuentes se enteró de que alguien estaba haciéndose pasar por él para pedir favores. No fue difícil señalar al sospechoso, ya que los beneficios solicitados a diversos legisladores y a sus jefes de despacho formaban parte de un patrón asociado al “señor de los anillos”. Fuentes presentó una denuncia ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado, señalando a varios colegas —Fernando Aldo Salino (San Luis), Jesús Fernando Rejal (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén), Carolina Losada (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz)— como posibles destinatarios de las gestiones fraudulentas. Con el tiempo, se mencionaron otros casos: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y la jefa de despacho de Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) también habrían recibido avisos similares.
La trama descrita por los denunciantes exhibe un patrón de suplantación e intentos de obtener beneficios para actores internos, en un episodio que aportó más leña a una situación ya de por sí controversial para el funcionamiento administrativo del Senado.