El diputado Luis Petri, referente de Mendoza por La Libertad Avanza y exministro de Defensa, defendió el Nuevo Régimen Penal Juvenil y aseguró que el Estado está en condiciones de implementarlo incluso ante la suspensión judicial que pesa sobre la norma. Según su versión, las provincias ya cuentan con establecimientos diferenciados para adolescentes y el presupuesto previsto para el régimen ya fue ejecutado. Estas afirmaciones las realizó durante una entrevista con Infobae a las Nueve, conducida por el periodista Gonzalo Sánchez.

Durante la conversación, Petri también afirmó que la cuestión de Malvinas continúa vigente como política de Estado. Atribuyó ese marco a la política exterior del gobierno de Javier Milei, a las sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas y al reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

En relación con la nueva normativa penal juvenil, el legislador sostuvo que la sanción de este régimen respondió a una deuda que la democracia argentina tenía desde hacía décadas. Explicó que la normativa previa había sido heredada de la dictadura y no ofrecía una respuesta adecuada ante delitos cometidos por adolescentes. “Una de las deudas que tenía la democracia era la sanción de un régimen penal juvenil”, afirmó, señalando que el sistema anterior fallaba ante casos de homicidios, violaciones y robos con armas cometidos por jóvenes.

Petri afirmó que, bajo el sistema anterior, muchos jóvenes quedaban impunes y que, en otros casos, el proceso judicial no permitía aplicar una condena efectiva o no contemplaba un tratamiento posterior. También cuestionó la situación de quienes tenían 14 o 15 años y no podían ser juzgados bajo la normativa vigente.

El diputado agregó que ese esquema tampoco abordaba las adicciones, los problemas familiares ni la falta de escolaridad. Señaló además que no ofrecía herramientas para que los adolescentes aprendieran un oficio, accedieran a una salida laboral o regresaran a la escuela.

Por todo ello, sostuvo que la discusión debería ir más allá de la edad de imputabilidad. El plan debería incluir sanciones diferenciadas, establecimientos específicos, una Justicia especializada y penas alternativas a la prisión. “La prisión es la última ratio”, subrayó, en alusión a la idea de que la privación de libertad debe reservarse para delitos graves, violentos y con alto impacto para las víctimas.

Petri reiteró que la discusión sobre la edad debe vincularse a la capacidad de comprender la criminalidad del acto: no basta con mirar la edad del imputado, hay que analizar si sabe lo que hizo y si acepta las consecuencias. Aseguró que Argentina mantiene una de las edades de imputabilidad más altas del mundo, según los datos que mencionó en la entrevista.