Un ex empleado del Senado, apodado por su vestimenta adornada, fue separado del cargo tras haber suplantado la identidad del ex legislador Marcelo Fuentes para gestionar favores. Investigaciones recientes aportan un panorama más amplio de sus maniobras: Alejandro Actis habría traicionado la confianza de una persona con discapacidad para tramitar un préstamo cercano a los 4 millones de pesos y, además, intentó hacerse pasar por el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem para reclamar la categoría A-1, la más alta del Congreso.
Testigos en la Cámara alta describen que Actis tenía una presencia llamativa y que, con el paso del tiempo, pasó de ocupar puestos de seguridad a tareas de conserjería y, al parecer, mostraba una personalidad afable. La interacción entre pasillos y despachos facilitó que el expulsado elaborara diferentes estrategias para obtener beneficios, hasta que ideó la maniobra más grave: convencer a una persona con discapacidad, protegida por la Ley 22.431 de protección, para que utilizara su teléfono y accediera a la aplicación del Banco Nación. Con esa vía, activó un préstamo por 3.900.000 pesos; el dinero terminó en una cuenta personal de Actis, y, con intereses, la deuda total ronda los cinco millones, además de las respuestas que deben brindar la víctima y la Justicia.
La ambición desmedida de Actis también condujo a un segundo episodio: intentar obtener la categoría A-1 mediante un contacto directo con el secretario administrativo que administra la caja, Emilio Viramonte Olmos, quien estuvo 15 días en ese cargo. Actis pretendía, en nombre de Menem —quien ostenta el cargo de subsecretario de Gestión Institucional del Ejecutivo—, asegurar un beneficio para sí. Se agrega que Menem es un exagente de la Casa de Gobierno antes de su llegada a Balcarce 50.
El ocaso definitivo de Actis en la Cámara alta se produjo cuando Fuentes tomó conocimiento de que alguien estaba haciéndose pasar por él para pedir favores. No fue difícil identificar al sospechoso, ya que los gestos de pedido de beneficios a diferentes legisladores y sus oficinas parecían perseguir siempre al mismo supuesto “señor de los anillos”.
Fuentes presentó la denuncia ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado, señalando a varios colegas y jefes de despacho que habían recibido comunicaciones fraudulentas. Entre los mencionados figuran Fernando Aldo Salino (San Luis), Jesús Fernando Rejal (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén), Carolina Losada (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Con el tiempo se sumaron otros casos: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y la jefa de despacho de Mariano Recalde (CABA) también advirtieron haber recibido mensajes similares, lo que amplió la investigación y la preocupación por estas prácticas dentro del Senado.