El G6, conglomerado que agrupa a seis instituciones del sector privado, emitió una declaración conjunta en la que sostiene su respaldo a la posición del Gobierno nacional para defender la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como a los espacios marítimos asociados. Además, respaldó las medidas anunciadas para resguardar los recursos naturales del país.
En su comunicado, el grupo afirmó que la soberanía sobre las Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, por encima de diferencias políticas, y que debe reunir a la población argentina. Subrayó que la defensa del reclamo debe hacerse dentro del marco de la Constitución Nacional, del derecho internacional y mediante una búsqueda de solución pacífica a través de la vía diplomática y la negociación.
La declaración vinculó esa materia territorial con la protección de los recursos naturales y los intereses estratégicos de la Nación, presentándolos como una responsabilidad compartida por todos los argentinos y como una política de Estado. En ese sentido, el G6 dejó claro que su respaldo alcanza tanto la reclamación territorial como la defensa de los recursos del país.
El grupo está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Actúa como la voz conjunta del empresariado nacional ante autoridades nacionales e internacionales.
La movida se dio en paralelo a un mensaje televisado del presidente Javier Milei, quien el jueves pasado anunció un conjunto de medidas para reforzar el reclamo sobre las Malvinas y contener movimientos unilaterales que impliquen explotación de recursos en el archipiélago. Según explicó, el Estado recurrirá a herramientas diplomáticas, económicas y legales para responder a actores estatales y no estatales que, a su juicio, vulneren la soberanía argentina.
Entre las decisiones inmediatas, Milei adelantó la firma de un decreto para acelerar los procesos sancionatorios previstos por la Ley 26.659 contra empresas que participen de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica, lo que podría implicar inhabilitaciones para operar en el país. El mandatario vinculó esta medida con el avance del proyecto Sea Lion, destacando el riesgo de explotación de recursos no renovables en esa zona en disputa.