El PRO y la coalición La Libertad Avanza anunciaron que elevarán un pedido de juicio político contra la magistrada Marta Pascual, responsable del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese mismo departamento judicial. Pascual hailó lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con patrocinio de Patricia Liguori, que llevó a la suspensión por 60 días de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires, en favor de adolescentes privados de libertad.
La cautelar cuestiona si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin asegurar las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para cumplir los estándares constitucionales y convencionales aplicables a toda privación de libertad durante la adolescencia. La resolución también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, a las 10:00, en la sala de juicios orales del tribunal, con el fin de que los responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo provincial informen sobre las medidas adoptadas y las previstas para la implementación de la ley.
La decisión desencadenó la reacción política. Cristian Ritondo, titular del PRO en la provincia, habló tras una reunión en la Casa Rosada con funcionarios del oficialismo y criticó la gestión de seguridad a nivel provincial, al tiempo que pidió mayor coordinación con Nación. Afirmó que tanto La Libertad Avanza como el PRO presentaron un juicio político contra la magistrada, destacando que la normativa es de alta relevancia y que, tras ocho meses de debate en el Congreso, la ley se aprobó; consideró que la provincia de Buenos Aires no debe quedar fuera de su aplicación, especialmente en un marco con altos índices de delito y participación de menores.
Si prospera el pedido de jury, la denuncia se presentará ante la Secretaría de Enjuiciamiento, órgano competente para recibir denuncias contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público. Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia y diputado nacional, sostuvo que la decisión de Pascual busca frenar la entrada en vigencia de una norma ya discutida y aprobada, y señaló su lectura de que la jueza está alineada con una agenda política provincial que prioriza ciertos intereses.