Los gremios docentes y nodocentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reiteraron la convocatoria a la próxima Marcha Federal Universitaria, luego de que las negociaciones paritarias con el Ministerio de Capital Humano no prosperaran. La UBA exige la convalidación de la recomposición del 32,5% prevista por la Ley de Financiamiento Universitario, reclamo que el Gobierno rechazó.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) informaron de un paro de 23 días, de forma escalonada, e anunciaron que el jueves 15 de octubre se movilizarán al Palacio de Tribunales para realizar la quinta edición de la movilización.

Los sindicatos sostienen que la medida surge ante el “incumplimiento sistemático” de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo y detallaron que el paro escalonado se llevará a cabo de manera rotativa, con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 y el jueves 22 de octubre.

Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, afirmó que no se puede normalizar que un gobierno elija qué leyes aplica y cuáles no. “En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se pronunció en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Son dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, señaló.

El conflicto se enmarca en el fracaso de la ronda paritaria celebrada días atrás en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por todas las representaciones sindicales. Además, reclamaron una recomposición del 32,5% que sufrían los salarios desde los primeros años de la gestión de Javier Milei, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario. La oferta del Ministerio de Capital Humano fue idéntica a la presentada a principios de mes y no obtuvo aceptación.

Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), sostuvo que el Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en democracia, recordando que ya se pronunciaron el Legislativo y el Judicial a favor de esa obligación. Las gremiales fundaron su posición en el fallo del juez Martín Cormick, de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, que ordenó en diciembre pasado al Ejecutivo respetar los artículos 5 y 6 de la ley. El 1 de septiembre, Cormick rechazó su propio pedido para dejar sin efecto la cautelar, y la Corte Suprema ratificó la vigencia de esa decisión el 25 de junio.