El Poder Ejecutivo formalizó un nuevo marco normativo para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que establece reglas específicas sobre la incorporación, la trayectoria profesional, las promociones y la estructura salarial de sus agentes. La medida quedó plasmada en el Decreto N° 1021/2026 y implica la sustitución del esquema vigente desde 2003 para la SIDE y el personal civil de inteligencia de los organismos de las Fuerzas Armadas, con argumentos de necesidad de adaptación a cambios ocurridos en los últimos años.
El nuevo estatuto define un marco central para la relación laboral dentro del SIN, destacando que la ausencia de un régimen estable dificultaba la construcción de una carrera profesional y la incorporación de personal con experticia técnica. En ese sentido, la norma establece que la carrera deberá orientarse por idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito, capacitación continua y fortalecimiento de competencias, mientras que los procesos de ingreso y ascenso deben responder a criterios técnicos, éticos y profesionales para asegurar que el cuerpo resista cambios coyunturales en el entorno político.
La capacitación pasa a ocupar un lugar prioritario, subrayando la necesidad de actualización permanente para desarrollar las habilidades del personal e afianzar una cultura institucional alineada con las labores de inteligencia dentro del marco constitucional y legal vigente.
En cuanto a lo económico, el estatuto busca vincular de forma proporcional salarios con las responsabilidades, capacidades técnicas y el grado jerárquico, con el objetivo de evitar diferencias discrecionales entre agentes con funciones y trayectorias similares. Asimismo, define al personal del Sistema de Inteligencia Nacional como servidores públicos especializados y recalca que los recursos humanos son un componente decisivo para orientar las tareas del área, apuntando a un sistema profesional, transparente, autónomo y ágil.
Entre los derechos, se contempla la estabilidad laboral una vez confirmada la incorporación a la planta permanente, además de la remuneración según la categoría, licencias, jubilación, asistencia social y la posibilidad de presentar consultas y reclamos. También se prevén movimientos de cuadro, ascensos ordinarios o por méritos extraordinarios o póstumos, y distinciones para quienes se destaquen en sus funciones.
La normativa garantiza trato igualitario y oportunidades de movilidad dentro de la carrera, sin diferencias ajenas a la aptitud y la conducta profesional. A la vez, habilita el rechazo de órdenes manifiestamente ilegales.