La 64ª Asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se llevó a cabo el 11 de septiembre en San Miguel de Tucumán, donde se definió la composición del Consejo Ejecutivo que conducirá la entidad durante el periodo 2026-2027. Daniel Dessein, de La Gaceta de Tucumán, fue electo presidente y, además, encabezó la lectura del informe semestral de libertad de prensa elaborado por la Comisión correspondiente.
En las vicepresidencias, quedó al frente Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como primera vicepresidenta y Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta) como segundo vicepresidente. La secretaría general recayó en Pablo Deluca (Infobae); la secretaría de Organización, en Tomás Vio (Diario Olé); y Relaciones Institucionales, en Agustino Fontevecchia (Perfil). Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) ejercería como secretario de Actas. La tesorería quedó a cargo de Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), con Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero.
Entre los seis vocales titulares figuran Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja). Al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información quedó Martín Etchevers (Clarín), mientras que José Santa María (Página/12) presidirá la Comisión de Asuntos Económicos. Andrés D’Alessandro continuará como director ejecutivo y Gabriel Matijas como gerente general.
Más allá de la renovación de autoridades, el informe semestral concentró la discusión central de la jornada: la preocupación por el deterioro del debate público en los últimos meses, marcado por agravios provenientes de puestos de poder. ADEPA sostuvo que toda autoridad tiene derecho a cuestionar, desmentir o acudir a la Justicia, pero diferenciaron entre refutar y promover una ley para castigar, lo que podría afectar la libertad para investigar y difundir asuntos de interés público.
Se mencionó un episodio del 25 de agosto, cuando el ministro de Economía respondió ante una publicación que consideró falsa y sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. El planteo recibió apoyo público de Javier Milei. Para la entidad, una legislación de ese tipo podría generar un efecto inhibitorio sobre la labor periodística.
El informe también aportó cifras específicas de una semana de agosto (del 17 al 23): 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. Se identificó por nombre a al menos 16 periodistas y se cuestionaron nueve empresas de comunicación. ADEPA subrayó que cuando los agravios provienen de la más alta autoridad estatal y se repiten, se acentúa la asimetría de poder que dificulta el trabajo periodístico.